POR: ALEJANDRO ROQUEIRO (*)

Con los hospitales colapsados, personas esperando camas de terapia intensiva, 3.557 nuevos casos de Coronavirus el miércoles 16 de junio y 52 muertes, el gobierno anunció novedades en las restricciones, entre las que se cuentan aperturas de aulas para volver a las clases presenciales en localidades con menos de 30 mil habitantes.

La política del gobierno ha sido irresponsable y antisanitaria porque modificó el semáforo epidemiológico y flexibilizó los protocolos e indicadores para sostener una presencialidad que se convirtió en criminal.

A su vez, no acondicionó ni refaccionó escuelas y tampoco garantizó posibilidades de conexión y dispositivos gratuitos a la comunidad educativa para afrontar la bimodalidad y la virtualidad. Denunciamos esta desinversión y ajuste educativo que dejó a miles de docentes sin trabajo y sin salario, como también la falta de asistencia a nuestros alumnes que se desmayan de hambre y exigen viandas calientes y saludables de Paicor que el gobierno nunca garantizó. 

Tardías e insuficientes

Denunciamos que las medidas del gobierno de suspensión de la presencialidad escolar resultaron tardías y completamente insuficientes. Fruto de su política de presencialidad a toda costa y de obligar a volver a la escuela a personal dispensado, estamos sufriendo la pérdida de muchos compañeros en muertes que podrían haber sido evitadas.

Esta política llevó al colapso del sistema sanitario y a la explotación al extremo al personal de salud. En algunos casos se ha denunciado la desidia y el abandono por parte del Estado y la obra social Apross, en lo que significa una condena a muerte de los contagiados. Denunciamos al gobierno como responsable de todas las muertes evitables de nuestro-as compañero-as docentes.

En consecuencia, exigimos la suspensión de la presencialidad hasta que estén garantizadas las condiciones sanitarias, pedagógicas edilicias y epidemiológicas en defensa de la vida y la salud de la comunidad educativa.

Consideramos que el gobierno debe garantizar los recursos para la continuidad educativa mediante la virtualidad y liberar la conectividad para docentes y estudiantes.

Exigimos vacunación masiva para toda la población y planteamos como una de las condiciones para la vuelta a la presencialidad que haya un 70% de la población vacunada con las dos dosis.

Finalmente, UEPC debería convocar inmediatamente a un paro e instrumentar un plan de lucha con asambleas de escuelas y de delegados para enfrentar esta política criminal del gobierno.

(*) Delegado docente.