POR: LUCAS COCHA (*)

El 11 de junio, Verónica Reyes, vocal de la Comisión Directiva Provincial de la Unión de Trabajadores de la Salud, bioquímica y personal de planta permanente del Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla recibió una notificación a través del sistema Empleado Digital donde se la insta a rectificar las declaraciones a un medio de prensa que realizó sobre la crítica situación del hospital, bajo apercibimiento de sancionarla en los términos de la ley 7625, que regula la actividad del equipo de salud humana dependiente del Ministerio de Salud provincial.

En una primera lectura resalta que la notificación referida carece de firma. Es decir, no surge de ella qué autoridad administrativa ni con qué competencias, emite esa comunicación. Esta circunstancia no es menor en cuanto no solo  afecta directamente el derecho a defensa y el debido proceso  de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que a la vez implica un vicio del procedimiento administrativo que acarrea la nulidad absoluta de la notificación. Asimismo, esta suerte de “anonimato”, le agrega un plus de ilegalidad y arbitrariedad al proceder administrativo que resulta inadmisible en el marco de un Estado de Derecho, y que evidencia el carácter eminentemente persecutorio del accionar de las autoridades.

La intimación y el emplazamiento a que la representante sindical se retracte de sus dichos es un intento inadmisible de cercenar y hasta criminalizar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales de expresión, asociación, de peticionar a las autoridades y la libertad sindical, entre otros consagrados y reconocidos explícitamente en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que Argentina se encuentra obligada.

En vez de atacar a los trabajadores con esta manifiesta actitud antisindical, más provechoso sería que el gobierno escuchara los reclamos del personal de la salud pública y abriera un diálogo que apunte a mejorar sus condiciones laborales, salariales y la infraestructura sanitaria, para asegurar una correcta asistencia a la población ante la dramática situación por la que atraviesa en estos días el sistema de salud de nuestra provincia a causa de la pésima gestión de la pandemia por parte del Gobierno provincial.

(*) Abogado. Asesor letrado de UTS.