Picolotti demanda a Argentina ante la Comisión Interamericana de DDHH

Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente de la Nación.

“No se por qué el fiscal me llamó a dar testimonio en esta causa, ni siquiera conozco a (Romina) Picolotti. Nunca la vi.”

Así comenzó el miércoles último una de las testigos convocada por el fiscal Diego Luciani, en la primera audiencia de juicio luego de más de 14 años de investigación penal contra la mundialmente reconocida activista ambiental y defensora de Derechos Humanos Romina Picolotti, quien fue secretaria de Ambiente de la Nación durante el periodo 2006-2008. En esos años, Picolotti puso en marcha un inédito proceso de control ambiental a industrias que nunca se habían controlado, lo que molestó indudablemente a muchos intereses económicos, entre ellos al Grupo Clarín por la histórica y aún persistente contaminación de su empresa Papel Prensa.

El fiscal en la causa abre su alegato en contra de Picolotti, agradeciendo a un periodista del Grupo Clarín por haber insertado esta causa en el pensar colectivo y en el seno del ámbito político y judicial.

«Gracias al Grupo Clarín -declaró el fiscal-, hoy estamos aquí». Lo que no cuenta el fiscal, sin embargo, es que detrás de esta causa que se desenlaza hoy en Comodoro Py, hay una historia de severa contaminación industrial y un intento por un imperio mediático de frenar a quien quería poner fin a esta contaminación. Romina Picolotti, en aquel entonces la máxima figura de control ambiental del país, había decidido cerrar a Papel Prensa, la papelera del Grupo Clarín, que hasta el día de hoy sigue contaminando al Río Baradero, sin control alguno.

Fiscal Diego Luciani.

En su alegato de cierre, el fiscal -siguiendo el libreto del periodista del Grupo Clarín-, intentó hilar un cuento de oscuras maniobras y supuestos daños al estado de la mano de la activista ambiental, pero como se vio durante las decenas de horas de más de 30 testimonios, los mismos testigos citados por el fiscal en la causa buscando condenar el comportamiento de Romina Picolotti, una y otra vez, sorpresivamente para el tribunal, dieron testimonio a su favor, exculpándola de las supuestas irregularidades denunciadas en aquel día de julio de 2007 por el Grupo Clarín.

Violación de derechos

Es por esta persecución judicial y política, que Picolotti presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la violación de sus derechos durante más de 14 años en una causa penal infundada y políticamente motivada para frenar su activismo en contra de los más grandes contaminadores de Argentina, incluyendo mineras, petroleras, papeleras, curtiembres y madereras, entre otros.

En la denuncia ante la CIDH contra del Estado Argentino, por los abusos y la arbitrariedad que evidencian la utilización del proceso penal como un arma de persecución política y judicial, Picolotti describe y aporta prueba contundente de las violaciones reiteradas de derechos humano en esta causa demostrando la utilización indebida del proceso penal como represalia contra una reconocida activista ambiental.

Es tan contundente la manipulación del proceso penal en el caso Picolotti que el máximo tribunal hemisférico de derechos humanos, que solamente investiga muy pocos casos de los miles presentados cada año, decidió darle curso a la petición.

El máximo tribunal hemisférico de DD.HH. decidió darle curso a la petición de Picolotti.

Evidentemente, los más de 14 años de esta causa interminable, la relación de la misma con los medios periodísticos e industrias contaminantes, y tantas irregularidades evidentes, tales como la introducción de prueba anónima e ilegal, la misteriosa desaparición de prueba que estaban en supuesta custodia judicial, las múltiples demoras sin sentido que sufre la causa a lo largo de una inexplicable década y media de investigación, la filtración de prueba falsa a los medios, y el burdo intento de inhabilitar a su abogado defensor, determinaron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé curso a la petición y que requiriera a Argentina que responda a la denuncia.

Además, y en paralelo, la CIDH realizó una audiencia general en el 2019, enfocada justamente sobre la persecución de ambientalistas y defensores de derechos humanos como es el caso de Romina Picolotti.

La CIDH dijo expresamente que le “preocupa la información recibida sobre la utilización arbitraria del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos como método para obstaculizar o paralizar las causas de defensa de derechos humanos en la región, en particular contra las personas defensoras del derecho al medio ambiente”.

El caso de Picolotti fue nombrado entre los casos presentados en esa audiencia. Notorias eminencias de derechos humanos a nivel internacional se presentaron espontáneamente a favor de la ex secretaria de Ambiente en la causa ante la CIDH, incluyendo el ex presidente del organismo judicial autónomo de la OEA y ex Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, y varios ex Comisionados de la CIDH tales como Ignacio Álvarez y Dinah Shelton, así también como la abogada de derechos humanos Maria Daniela Rivero, además de altos ex funcionarios de los Estados Unidos que presentaron un escrito a favor de Picolotti ante la CIDH.

Inicialmente, ante las estrafalarias acusaciones del Grupo Clarín y la falta de pruebas concretas para sostenerlas, el Poder Judicial de Argentina le dictó falta de mérito a las acusaciones en contra de la ex secretaria de Ambiente, las que habían sido motivadas por aquel artículo de prensa del Grupo Clarín.

Planta de la empresa Papel Prensa, perteneciente a Clarín, en Ssan Pedro.

Pero luego aparecerían nuevas acusaciones anónimas que mantendrían la causa latente. Así la ambientalista y defensora de derechos humanos fue objeto, inexplicablemente, y en contra de toda razonabilidad, de una investigación criminal  de más de 14 años motivada porque supuestamente avaló con su firma gastos indebidos. Pero cuando Picolotti requirió una pericia caligráfica el juez se la negó. Tampoco se realizó una pericia contable, esencial para verificar los hechos.

Una historia fantástica

El fiscal construye desde el discurso una supuesta historia de patrones de abusos que tratan de demostrar que Picolotti, una defensora de derechos humanos con una carrera profesional ilustre, pasaba gastos como la compra de whisky (cuando ella no toma alcohol), o de bifes de chorizo (cuando ella es vegetariana), o visitas a establecimientos de mujeres semi desnudas.

Luego de 14 años resulta oportuno preguntarse por qué cuando Romina Picolotti solicitó al tribunal una pericia caligráfica para mostrar que esos recibos -que supuestamente llevaban su firma-, no eran de ella, el tribunal se negó a realizarla. Por qué no se realizaron en 14 años las pruebas necesarias e idóneas para verificar los hechos. Por qué nunca durante todos estos años se trató de averiguar la verdad.

Durante la gestión de Picolotti entre 2006 y 2008, no sólo la Secretaria de Ambiente  luchó junto al pueblo de Gualeguaychú por el Río Uruguay en  el caso de Botnia y ENCE, también se logró la ley de protección de bosques nativos y una moratoria específica para detener la deforestación y en apoyo a las comunidades desalojadas brutalmente de sus tierras, la Secretaria también estuvo al lado de los movimientos en contra de la minería liderando la lucha por la ley de glaciares que estaban siendo dinamitados para extraer el oro y la plata de nuestros Andes Centrales.

Picolotti y su equipo de inspectores ambientales, constituidos durante su gestión con el asesoramiento de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, realizaron más de 9.000 acciones de control y cumplimiento ambiental, y llevaron a cabo más de 100 clausuras, aplicando numerosas multas a los más grandes contaminadores de la República Argentina.

Nunca antes de la gestión de Picolotti, la Secretaría de Ambiente había realizado controles in situ de industrias contaminantes. Este control no fue ignorado por los más grandes contaminadores y el lobby que los sostiene.

La industria minera le declaró la guerra publicando abiertamente en diarios del país diferentes notas en su contra. José Aranguren, entonces CEO de Shell y luego ministro de Energía de Mauricio Macri, amenazó con golpear a Picolotti, frenándose, según sus propias palabras, porque era mujer.  Es que Picolotti había cerrado la refinería de Shell luego de que su equipo de inspectores ambientales constatara más de 800 violaciones de la legislación ambiental vigente. Hasta el titular de una conocida automotriz multinacional fracasó en ingresar al país 4.000 camiones de carga altamente contaminantes. “El anterior secretario de Ambiente nos concedió la prórroga y los dejó entrar”, le dijo el CEO de la multinacional a la nueva secretaria de Ambiente, quien denegó el ingreso de los camiones al país por no cumplir con la norma ambiental. “Se trata simplemente de preservar el ambiente y la salud de la población,” expresaría la funcionaria.

Reconocimientos internacionales

Naciones Unidas le otorgó al país, y a Romina Picolotti específicamente, un premio por avanzar de manera contundente hacia la eliminación de contaminantes de la capa de ozono. La Agencia de Protección Ambiental (la EPA) de los Estados Unidos le otorgó en el 2008 un premio por sus contribuciones excepcionales a la protección ambiental.

Una de sus victorias claves antes de irse del gobierno a finales del 2008 fue lograr que el Congreso silenciosamente aprobara de manera unánime la Ley de Glaciares, poniendo fin a las aspiraciones de decenas de multinacionales mineras que querían dinamitar glaciares para llevarse el oro de los Andes Centrales.

Con amenazas de muerte a ella y a su familia, y con una persecución judicial, financiera y política sin fin, ella, su familia y su ONG, el Centro de Derechos Humanos y Ambiente, debieron dejar el país, lo que ciertamente fue una buena noticia para los contaminadores como Barrick Gold que combatió ferozmente luego de su partida, la implementación de la Ley de Glaciares. 

Más de 14 años han transcurrido desde aquel artículo difamatorio publicado por Clarín en la tapa de un domingo de julio en 2007, cuando Picolotti intentaba cerrar a la papelera Papel Prensa por contaminar al Río Baradero. Son más de 5.000 días, son más de 120.000 horas, y son más de 7 millones de minutos de reloj, de injusticia interminable, con un enorme gasto público sin sentido para perseguir a una persona que no cometió delito alguno.

Y mientras llega a su fin la primera etapa de este juicio interminable en su contra, es Argentina quien ahora debe responder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las acusaciones de persecución política y violaciones del debido proceso judicial en la causa de Romina Picolotti.

2 Comentario on "Picolotti demanda a Argentina ante la Comisión Interamericana de DDHH"

  1. Apoyo totalmente a la Dra Romina Picolotti

  2. Romina Picolotti es una defensora del ser humano y de la tierra naturaleza déjenla en paz y aprieten a este gobierno que nos ha empobrecido

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