POR: HUGO SELEME (*)

Un proverbio africano señala: “Para educar a un niño hace falta una aldea”. No basta una escuela, sino que es necesario el compromiso extendido de toda la comunidad. Del mismo modo para educar a un abogado involucrado en la defensa de la democracia y los Derechos Humanos, hace falta una universidad.

Es necesario que la Facultad de Derecho, primero, y la Universidad toda, después, manifiesten su compromiso sostenido con estos valores.

¿Es la Universidad Nacional de Córdoba esa aldea necesaria para educar buenos abogados? Lamentablemente, no hay una respuesta definitiva.

La propuesta para que se reconociese como eméritos a dos profesores que se desempeñaron como funcionarios de la última dictadura militar, José Luis Palazzo y Jorge Edmundo Barbará, ha dado algunas razones para dudarlo.

Proponer la concesión de semejante honor a quienes fueron parte de un gobierno dictatorial que disolvió los órganos de gobierno democrático, incluidos los universitarios, transmite el mensaje erróneo de que la dictadura no fue suficientemente mala o, como contrapartida, que la democracia que interrumpió e impidió durante años tampoco era demasiado buena.

Motivos de preocupación

La conducta de los consejeros que votaron por unanimidad la propuesta en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, y la de los consiliarios que intentaron defenderla en el Consejo Superior de la Universidad, también es motivo de preocupación.

El espectáculo de consejeros que estaban ausentes de la sesión, o presentes, pero sin saber exactamente lo que votaban, es una muestra de desdén por los valores democráticos que encarnan los órganos de gobierno de la Facultad.

No fue mejor la conducta que tuvieron los representantes de la Facultad de Derecho en el Consejo Superior de la Universidad. Sabiendo que el escándalo público generado en torno a la propuesta haría que la votación se perdiese, intentaron múltiples estratagemas legales para impedir que el Consejo se expidiese.

Derecho e injusticia

Impulsaron mociones de orden para que los expedientes volviesen a la Facultad de Derecho, para que se votara en bloque a los nominados, para que se declarase “abstracta” la decisión, para que pasase a archivo, etcétera.

Ese rostro de la abogacía que intentamos borrar de nuestros estudiantes, que emplea al derecho como instrumento de la injusticia, se vio reflejado en la actuación de quienes tenían por función representar a la Facultad de Derecho.

Mientras quienes participan de la política universitaria no comprendan que no sólo se educa con lo que se dice en las aulas, sino también con lo que se hace fuera de ellas, por ejemplo, en los órganos de gobierno universitario, será difícil formar abogados íntegros que se vean a sí mismos como baluartes del sistema democrático y defensores de los derechos de los demás.

Formar a un abogado es una tarea costosa que requiere coherencia y esfuerzo. Deformarlo, por el contrario, es simple, basta con el mal ejemplo.

(*) Titular de la Cátedra de Ética de la Facultad de Derecho de la UNC.